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Publicado el 16 de enero de 2010 | por Emilio

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La normativa de barras vaquilleras, aprobada con la oposición frontal de vecinos y hosteleros

La regulación del funcionamiento de las barras de bar callejeras de La Vaquilla aprobada ayer por el Ayuntamiento puso en pie de guerra a los principales afectados: los vecinos y los hosteleros. El motivo de discordia es la fijación de un límite de 90 decibelios para el volumen de la música y la obligación de contar con limitadores de sonido que impidan sobrepasar este tope. Mientras la Asociación de Vecinos de La Zona considera demasiado permisivas estas condiciones, los empresarios las tachan de restrictivas e inasumibles.

La nueva ordenanza salió adelante con los votos del equipo de gobierno PSOE-PAR y de CHA, mientras que el PP se abstuvo. Los partidos favorables argumentaron que la normativa supone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que declaró nulos varios apartados de la redacción inicial, aprobada en 2005. El fallo resolvió un recurso contencioso administrativo de la Asociación de Vecinos de La Zona.

El alcalde, el parista Miguel Ferrer, reconoció que la nueva redacción «no satisface ni a vecinos ni a hosteleros porque sus intereses son demasiado contrapuestos». Ferrer señaló que el Ayuntamiento ha hecho «lo que debía: cumplir una sentencia judicial». A su juicio, la ordenanza resultante es razonable.

No lo entendieron así ni los vecinos ni los hosteleros. La Asociación de Vecinos de la Zona presentará alegaciones en contra de la normativa y, si no dan resultado, recurrirá a los tribunales -sola o con la Federación de Asociaciones de Vecinos de Teruel-. El presidente de organización vecinal de La Zona, Ildefonso Soriano, explicó que la denuncia podría ser «por lo contencioso administrativo o por lo penal, por una posible prevaricación al conocer la legislación y no aplicarla».

Soriano recordó que la normativa municipal de ruido y la estatal no permiten emisiones por encima de los 50 decibelios en zonas residenciales pero el Ayuntamiento se ampara en el límite fijado para zonas de uso recreativo afectadas por infraestructuras aeroportuarias o ferroviarias.

El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios Turísticos, Fernando Cánovas, también valoró «muy negativamente» la ordenanza y anuncia que los hosteleros individualmente y la organización patronal presentarán alegaciones en contra. Reclamarán una ampliación del límite de ruido los días centrales de La Vaquilla -viernes y sábado- porque 90 decibelios «es el volumen que alcanza el ruido ambiente en la calle durante las fiestas. Aplicar este tope es como decir que autorizan la música sin ningún volumen de emisión». Además, se opuso a la obligación de contar con limitadores. El empresario advirtió que, si la redacción de la ordenanza no se flexibiliza, «no se montará ninguna barra en la próxima Vaquilla y eso perjudicará a la fiesta porque congestionará todavía más las peñas».

La portavoz del PP, Emma Buj, señaló que un informe jurídico del Ayuntamiento advierte que la ordenanza de barras contraviene la propia normativa de ruidos municipal, que prevé un tope de emisión de 50 decibelios con la posibilidad de ampliarlo a 55 en casos excepcionales, pero no a 90. Buj añadió que no tener en cuenta esta contradicción es «hacer las cosas a medias o mal». La concejala justificó la abstención popular por la voluntad de intentar un acercamiento entre vecinos y hosteleros para que la ordenanza «funcione y se pueda cumplir».

El concejal de Urbanismo, el parista Luis Muñoz, señaló que el texto de la ordenanza cumple la sentencia del TSJA. Reconoció, no obstante, que el límite de 90 decibelios «está muy forzado».

El portavoz de CHA, Paco Martín, apoyó la normativa de barras porque, tras el fallo judicial y la imposibilidad de poner de acuerdo a vecinos y hosteleros, «el Ayuntamiento tenía que actuar». Advirtió, no obstante, que el Consistorio deberá abordar en algún momento «otros focos de ruido, las peñas».

Por otro lado, el pleno aprobó la regulación de las ayudas del Área de Rehabilitación Integral de Cuevas del Siete. El PP denunció que el ritmo de ejecución de este plan de mejoras para una zona degradada va demasiado lento, lo que podría comportar la pérdida de los fondos asignados.